El empleo productivo determina no tan solo la prosperidad de una
nación, sino la consistencia y fuerza del tejido social que la
constituye: es la vertiente en la que se juntan lo económico y lo
social. En lo económico la creación de empleo demanda la inversión que
los economistas miden como la relación capital/trabajo. En lo social, la
política pública debe asegurar que las relaciones entre empleadores y
empleados sean justas, las remuneraciones compatibles con la
productividad y la vida digna, y estén presentes las posibilidades de
movilidad para coadyuvar al progreso social. El grueso de la producción
se origina en todas las actividades del quehacer humano: fuere en el
sector primario, en la industria y manufactura, y en los servicios. Es
por ello que cualquier debilitamiento de la economía va de la mano con
la inestabilidad social, el deterioro político, y el estancamiento del
progreso material.
La pérdida del dinamismo que ha caracterizado
la evolución reciente de la economía ecuatoriana nos alerta respecto de
la necesidad de proteger el empleo productivo. No obstante ello, las
propuestas de reformas laborales apuntan en la dirección de extrema
rigidez que, a no dudarlo, afectará los niveles de empleo y la
generación de nuevas plazas para los contingentes de jóvenes que siempre
son los más sensibles y vulnerables cuando se producen las
contracciones económicas. Puede sonar bien el que se limiten las
diferencias salariales, pero la reacción natural del mercado será la de
purgar el ingreso de los nuevos contingentes que normalmente constituyen
la base de la pirámide. De igual manera, decretar la estabilidad
laboral prohibiendo los contratos a plazo fijo, hará que los filtros de
selección se vuelvan más estrechos y se limite aún más la inversión
productiva. Quienes sean favorecidos serán los que están ya en el
régimen formal, a despecho de los que aspiran, y poseen las
calificaciones, para salir de la informalidad y el sub-empleo. Se crea
así un espejismo de equidad que es contrariado por la experiencia de
cinco décadas que ha resultado en la “expulsión” de dos millones de
ecuatorianos que optaron por emigrar cuando pudieron contribuir al
progreso nacional.
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